Grecia anunció una de las medidas más estrictas en Europa en materia digital: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años, una decisión que será obligatoria y estará respaldada por mecanismos de control estatal. La normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027, según confirmó el gobierno encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

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Una medida para proteger la salud de los menores

El principal objetivo de esta iniciativa es proteger a niños y adolescentes frente a los efectos negativos del uso intensivo de plataformas digitales. Autoridades griegas señalan que el aumento de la ansiedad, los problemas de sueño y la presión social en línea son algunas de las consecuencias más preocupantes asociadas al uso temprano de redes sociales.

El propio mandatario reconoció que la decisión puede generar rechazo entre los jóvenes, pero defendió que el rol del Estado es garantizar el bienestar de las nuevas generaciones, incluso cuando las medidas no resulten populares.

La prohibición no será solo una recomendación, sino una medida obligatoria a nivel nacional. Para su implementación, el gobierno prevé el uso de herramientas digitales de verificación de edad, como aplicaciones estatales que permitirán controlar el acceso a contenidos en línea.

Además, Grecia busca impulsar un sistema más amplio a nivel europeo que establezca una “mayoría de edad digital” en los 15 años, con controles unificados para todas las plataformas digitales.

La decisión de Grecia se enmarca en una creciente preocupación internacional sobre el impacto de las redes sociales en menores. Países como Australia ya han implementado restricciones similares —incluso más estrictas—, mientras que otras naciones europeas analizan medidas en la misma línea.

Según encuestas citadas por medios internacionales, alrededor del 80% de la población griega respalda esta iniciativa, lo que refleja un cambio en la percepción social sobre el uso de la tecnología en edades tempranas.

Aunque la medida ha sido bien recibida por gran parte de la ciudadanía, también abre un debate sobre su viabilidad técnica, el derecho a la privacidad y el papel del Estado en la regulación del entorno digital. Expertos advierten que la verificación de edad y el control efectivo podrían representar desafíos importantes en su implementación.